La innovación tecnológica avanza a diferentes velocidades según los sectores. Mientras algunos, como la automoción o la aeronáutica, mantienen un ritmo constante de evolución, otros están experimentando una transformación acelerada. Uno de los campos más dinámicos en la actualidad es el de la generación y almacenamiento de energía eléctrica, donde el volumen de solicitudes de patentes se ha disparado en los últimos años.
Este auge no es casual. Responde a una necesidad urgente de optimización energética y sostenibilidad, en un escenario marcado por la transición verde y la creciente presión geopolítica sobre los recursos estratégicos. Las tierras raras, materiales esenciales en muchas de estas innovaciones, están en el centro de esta nueva revolución tecnológica.
Según datos del Índice de Patentes de la Oficina Europea de Patentes (EPO) de 2024, las invenciones relacionadas con baterías eléctricas crecieron un 24 % respecto al año anterior. En el caso de la maquinaria eléctrica, aparatos y la energía, el incremento acumulado en la última década alcanza el 64,8 %.
Este incremento revela el papel de las patentes como mecanismo de protección, pero también como indicador del dinamismo industrial y tecnológico. Registrar una patente en España o en Europa permite a las empresas asegurar su inversión en I+D, acceder a financiación y posicionarse estratégicamente en mercados clave.
Las tierras raras como el neodimio, el disprosio o el lantano están en el núcleo de muchas invenciones estratégicas. En el ámbito de los generadores eléctricos, una de las vías con desarrollo más prometedor son los imanes permanentes más potentes, que requieren menos espacio y energía para operar. Estos avances tienen un impacto directo en la eficiencia de máquinas eléctricas rotativas, así como en motores eléctricos de última generación, cuando se trata del neodimio, por ejemplo.
En paralelo, las baterías son otro gran foco de innovación. El reto: aumentar la densidad energética, acortar los tiempos de carga y extender la vida útil. La industria automotriz impulsa gran parte de estas mejoras, y busca nuevas formulaciones para cátodos y electrolitos que incorporan tierras raras o materiales alternativos avanzados, con el objetivo de lograr la mayor capacidad de almacenamiento, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad y sostenibilidad en todo el proceso.
Otro frente tecnológico clave es la infraestructura eléctrica, especialmente la red de transporte de energía. La innovación en materiales conductores de menor resistencia eléctrica permite minimizar las pérdidas económicas y el impacto medioambiental que se produce durante el transporte, un aspecto clave tanto en grandes tendidos como en microcomponentes electrónicos.
Más allá de la dimensión técnica, el auge de estas tecnologías tiene una lectura geopolítica. Europa depende en gran medida de terceros países para el suministro de tierras raras y otros materiales críticos. Por ello, el impulso a la innovación local y la protección de los desarrollos mediante el sistema de patentes se ha convertido en una prioridad estratégica.
Además, este incremento en el número de solicitudes de patentes no está siendo solo en el sector privado. Las instituciones públicas y centros de investigación lo están apoyado y, cada vez, más universidades, organismos científicos y alianzas público-privadas están trabajando conjuntamente para desarrollar soluciones patentables, orientadas no solo a la innovación, sino también a su aplicabilidad a gran escala y viabilidad comercial.
El mapa actual de las solicitudes de patente revela una clara tendencia: la carrera por la eficiencia energética sostenible no se libra solo en los laboratorios, sino también en las oficinas de propiedad industrial. Asegurar la protección de estos avances ha dejado de ser simplemente una opción estratégica y se ha transformado en una urgencia para mantener la autonomía, la sostenibilidad y, fundamentalmente, la posición de vanguardia en innovación tecnológica.
Desde Elzaburu, acompañamos a nuestros clientes en esta transformación, prestando asesoramiento jurídico especializado en el registro y validación de patentes . Entendemos que innovar, hoy más que nunca, es sinónimo de anticiparse, protegerse y liderar con responsabilidad.
Bosco de la Vega, Asociado del área de Patentes
En los últimos dos años, España ha experimentado un crecimiento sostenido en el número de validaciones de patentes europeas. Según los datos más recientes de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en 2024 se ha registrado un aumento del 12,7 % respecto al año anterior. Esta tendencia refleja una consolidación del interés por proteger invenciones en el mercado español y responde a diversos factores estratégicos, normativos y económicos que conviene tener en cuenta al planificar una estrategia de propiedad industrial.
Cuando la Oficina Europea de Patentes (OEP) concede una patente, el solicitante dispone de un plazo de tres meses desde la fecha de concesión para solicitar que dicha patente tenga efecto en España. Este procedimiento es lo que se conoce como validación de una patente europea en España.
A través de este proceso, la patente europea adquiere validez legal en el territorio nacional y permite al titular ejercer sus derechos en el mercado español. Se trata de un paso esencial para quienes desean proteger su invención en España, especialmente teniendo en cuenta que nuestro país no forma parte del sistema de patente unitaria, lo que hace imprescindible la validación nacional para obtener cobertura legal.
https://www.youtube.com/watch?v=cv_d63gqejk&t=14s
El crecimiento del 12,7 % en validaciones registrado en 2024 refleja el atractivo de España como destino clave para la explotación de innovaciones. En un momento en que la patente unitaria ha comenzado a operar en otros países europeos desde junio de 2023, muchos titulares siguen optando por validar en España (país no adherido al sistema unitario).
Este dato, sumado al aumento de concesiones por parte de la OEP (aproximadamente un 5 % más que en 2023), genera un efecto directo sobre la actividad de validación nacional, especialmente en países como España, donde las compañías buscan posicionarse competitivamente en el mercado.
Sectores como la biotecnología, la industria farmacéutica o la ingeniería tecnológica encuentran en España un mercado maduro, con una alta apuesta por la inversión en innovación.
Uno de los requisitos fundamentales para validar una patente europea en España es la presentación de una traducción técnica al castellano de la patente concedida por la OEP. Estas traducciones deben ser fieles y precisas al texto de la patente concedida, puesto que de ello depende la protección que esa patente va a tener en España.
Por este motivo, es fundamental que las traducciones sean realizadas por traductores especializados en patentes, con experiencia en los distintos sectores técnicos (biotecnología, farmacéutica, ingeniería, entre otros). Este alto grado de especialización asegura que los términos empleados reflejan con exactitud el contenido del documento original, permitiendo una interpretación correcta por parte de terceros, tribunales o posibles licenciatarios.
La entrada en vigor de la patente unitaria ha modificado el panorama europeo, ya que ha introducido un enfoque simplificado que incluye una única tarifa de mantenimiento y la ventaja de resolver litigios en un único tribunal, en lugar de enfrentarse a múltiples procesos legales en diferentes jurisdicciones nacionales. Sin embargo, su idoneidad depende de múltiples factores.
Para empresas que operan en un número reducido de países europeos (tres o menos), la validación nacional sigue siendo la opción más rentable y estratégica. La Patente Unitaria normalmente es más costosa que el sistema tradicional de validaciones, por lo que sería más interesante validar la patente solo en los países donde se quiera explotar la tecnología.
Por otro lado, para quienes buscan una protección más amplia (cuatro o más países adheridos al sistema unitario), la elección de la patente unitaria podría representar un ahorro importante en costes de mantenimiento, además de simplificar los procesos administrativos. Sin embargo, seguirán necesitando una validación nacional en España para asegurar su posición en nuestro mercado.
Para un análisis más detallado, recomendamos consultar el artículo publicado en nuestro blog: ¿Patente Unitaria o sistema tradicional de validación de patentes?, donde se exploran las ventajas e inconvenientes de cada modelo con ejemplos prácticos.
El crecimiento de las validaciones de patentes europeas en España es una señal clara de la relevancia creciente de nuestro país como territorio estratégico en la protección de activos tecnológicos. En un entorno marcado por la intensa competencia, elegir el sistema de protección adecuado resulta esencial para garantizar un retorno exitoso de las inversiones en I+D y para fortalecer la posición en el mercado.
Contar con un equipo experto que asesore sobre el proceso de validación, las traducciones técnicas, y las implicaciones jurídicas de cada alternativa resulta fundamental para garantizar una protección eficaz y alineada con los objetivos de negocio. Por este motivo, es esencial evaluar cada caso individualmente para determinar el sistema de protección más adecuado, teniendo en cuenta las particularidades de cada invención, los objetivos empresariales y las estrategias de desarrollo territorial.
Mónica Amores, Socia de Elzaburu y Responsable del Área de Validaciones
Por primera vez, la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. (USCO) ha reconocido derechos de autor sobre una imagen generada con inteligencia artificial. La obra, titulada A Single Piece of Cheese, marca un hito en la historia de la propiedad intelectual y abre un debate sobre el futuro de los derechos de autor en la era de la IA.
El CEO de la plataforma Invoke, Kent Keirsey, la herramienta utilizada para generar la imagen anunció en sus redes sociales este logro histórico:
«Hemos desempeñado un pequeño papel en la historia de los derechos de autor de EE.UU. al asegurar los primeros derechos de autor para una sola imagen hecha exclusivamente con contenido generado por IA.»
Este caso es significativo porque, hasta ahora, la Oficina de Copyright de EE.UU. había rechazado el registro de obras generadas por inteligencia artificial, argumentando la falta de intervención humana en el proceso creativo.
La clave del reconocimiento legal en este caso radica en la intervención humana dentro del proceso creativo. Específicamente, se ha valorado la selección, coordinación y disposición de elementos generados por IA, lo que demuestra un nivel de participación que ha transformado la obra en algo distintivamente humano.
La creación de A Single Piece of Cheese no se limitó a una simple generación automática de la imagen por parte de una IA. A través de la plataforma Invoke, la imagen original fue modificada y retocada, mediante el siguiente proceso:
Esta serie de intervenciones artísticas fueron las que llevó a la USCO a reconsiderar la protección de la obra en enero de 2025 (tras la negativa de solicitud de septiembre de 2024).
La Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. (USCO) ha evaluado anteriormente solicitudes de copyright relacionadas con obras creadas mediante inteligencia artificial, aunque con resultados diferentes a este caso:
Jason Allen empleó la herramienta Midjourney para generar la obra Théâtre D’Opéra Spatial (2022), pero su solicitud fue rechazada al no demostrar un nivel suficiente de intervención humana.
En 2023, Kris Kashtanova obtuvo reconocimiento de derechos por la historia y la composición de imágenes de su novela gráfica Zarya of the Dawn, pero no sobre las ilustraciones generadas con IA.
Ese mismo año, en el caso de Rose Enigma, solo se concedió protección a la parte basada en un dibujo manual previo de Kashtanova, mientras que los elementos añadidos por inteligencia artificial quedaron fuera de la protección.
En todos estos ejemplos, la USCO reafirmó que la inteligencia artificial no puede considerarse autora por sí misma y que la protección solo se concede cuando existe una participación humana clara y significativa en la creación de la obra.
En la Unión Europea, aún no existe un pronunciamiento oficial de tribunales o registros de propiedad intelectual que reconozca los derechos de autor sobre obras generadas por inteligencia artificial. Sin embargo, el reconocimiento de derechos de autor de A Single Piece of Cheese marca un antes y un después en la relación entre la IA y la propiedad intelectual.
En este contexto, previsiblemente, la jurisprudencia europea irá perfilando en el futuro los criterios interpretativos para valorar cuál es el grado mínimo de intervención humana para que una obra generada por IA pueda ser protegida.
En ELZABURU, especialistas en propiedad intelectual, seguimos de cerca estos avances y estamos preparados para asesorar a creadores y empresas en la protección de sus derechos en el entorno digital. Consúltanos para obtener más información sobre cómo proteger tus creaciones en el marco legal vigente.
Agustín Alguacil, Asociado del área Legal de Elzaburu.
En Lotus Bakeries v EUIPO (asunto T-1096/23), el Tribunal General abordó el motivo absoluto de denegación contemplado en el Artículo 7(1)(b), del Reglamento 2017/1001, que prohíbe el registro de marcas desprovistas de carácter distintivo.
El 22 de febrero de 2022, Lotus Bakeries presentó una solicitud para registrar la siguiente marca de color (solicitud de MUE n.º 018659684) para productos de la clase 30:
El 24 de febrero de 2023, el examinador de la EUIPO denegó la solicitud con base en el Artículo 7 (1)(b), al considerar que carecía de carácter distintivo.
Lotus Bakeries interpuso un recurso contra la decisión del examinador. Dicho recurso fue desestimado por la Sala de Recurso de la EUIPO, al considerar que los dos colores (rojo y blanco) y su combinación carecían de carácter distintivo.
Lotus Bakeries recurrió ante el Tribunal General alegando infracción de:
El Tribunal General confirmó que la marca solicitada carecía de todo carácter distintivo. El Tribunal estimó que la Sala de Recurso había llevado a cabo un análisis del signo motivado y no contradictorio cuando examinó:
El Tribunal consideró que se analizó correctamente la impresión global de la marca solicitada, aun cuando la Sala de Recurso analizara primero los colores (rojo y blanco) por separado. La marca solicitada consiste en una combinación sencilla de dos colores dispuestos en una serie de franjas sin contornos, de modo que el signo podría utilizarse con fines publicitarios o promocionales.
En lo que respecta a la alegación de Lotus Bakeries sobre la aplicación errónea de la jurisprudencia por parte de la Sala de Recurso, en particular la sentencia Libertel (asunto C-104/01, 6 de mayo de 2003), el Tribunal consideró que la Sala hizo bien en remitirse a otra jurisprudencia relevante relativa a combinaciones de colores, como Heidelberger Bauchemie (asunto C-49/02, 24 de junio de 2004).
Lotus Bakeries también alegó que la Sala de Recurso había tenido en cuenta el carácter descriptivo de la marca solicitada (Artículo 7(1)(c)), mientras que su decisión se basaba únicamente en el Artículo 7(1)(b). El Tribunal consideró que no era así. En esencia, la Sala había denegado la marca solicitada porque el uso de los colores rojo y blanco era habitual en el mercado y porque su combinación no permitiría que se percibiera como una indicación del origen comercial. Sus consideraciones adicionales acerca de la posible percepción de la combinación de colores como decorativa, promocional o funcional no se realizaron con el fin de analizar un eventual carácter genérico, sino para determinar hasta qué punto el público pertinente percibiría la marca como desempeñando una función diferente de la indicación de origen comercial.
Por lo tanto, el Tribunal coincidió con la Sala de Recurso en que la marca solicitada estaba comprendida en el motivo de denegación previsto en el Artículo 7(1)(b), y que, en consecuencia, Lotus Bakeries no podía invocar válidamente decisiones anteriores de la EUIPO, las Directrices de la EUIPO ni sus materiales formativos para poner en duda dicha conclusión.
Esta sentencia arroja luz sobre la evaluación del carácter distintivo de las marcas compuestas por una combinación de colores, teniendo en cuenta no solo la propia marca, sino también el mercado en el que opera, a fin de determinar su capacidad para transmitir información a los consumidores, en particular sobre el origen comercial de los productos y/o servicios. Asimismo, ofrece una guía valiosa sobre los aspectos formales de las resoluciones, incluidos todos los elementos relativos a su motivación y la aplicación de los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.
Patricia Gómez, Asociada Junior del área de Marcas de Elzaburu.
La igualdad de género ha sido un objetivo clave en los últimos años dentro del ámbito laboral. Sin embargo, en el sector legal, y especialmente en el acceso a la sociatura en firmas profesionales, la brecha de género sigue siendo un desafío significativo. Aunque el número de mujeres en la abogacía ha crecido exponencialmente, su presencia en los niveles más altos de dirección sigue siendo minoritaria.
En los últimos años, las mujeres han representado más del 50% de los nuevos colegiados en derecho, un reflejo del talento y la preparación de las profesionales en este ámbito. Sin embargo, la media de socias en grandes despachos es de solo un 23% y el número de mujeres en cargos ejecutivos de mayor responsabilidad, como las direcciones de firmas legales, sigue siendo bajo.
A pesar de las cifras generales, hay ejemplos de firmas que están logrando avances notables en la promoción de la mujer en puestos de liderazgo. En Elzaburu más del 30% de los socios son mujeres, más de la mitad de las áreas corporativas de la firma están lideradas por mujeres, y Mabel Klimt ocupa el puesto de socia directora. Estos avances evidencian que nos acercamos a la equidad en roles de liderazgo dentro de las firmas legales.
Uno de los mayores obstáculos es la conciliación entre la vida profesional y personal. Sin embargo, las políticas de conciliación, implementadas en algunas firmas, están cambiando esta dinámica.
Horarios flexibles de entrada y salida, permisos recuperables o políticas de teletrabajo son algunos ejemplos. Estas políticas no solo benefician a las mujeres, sino que también han demostrado ser eficaces para todos los empleados, independientemente de su género, lo que contribuye a una cultura laboral más inclusiva y eficiente.
La polarización de la sociedad podría representar un obstáculo en el camino hacia la igualdad. Sin embargo, la igualdad no debe ser percibida como una imposición o una lucha de géneros, sino como una evolución natural hacia un entorno laboral más justo y eficiente. Pero, sobre todo, una inversión en talento.
La clave para seguir avanzando radica en continuar promoviendo un entorno laboral basado en la igualdad, donde el talento y el esfuerzo sean los factores determinantes para el crecimiento profesional, independientemente del género.
Isabel Gómez, Responsable de Recursos Humanos de ELZABURU
Uno de cada diez medicamentos que circulan en los países desarrollados es falso o no cumple con los estándares de calidad requeridos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta alarmante cifra no solo representa un grave riesgo para la salud pública, sino también un perjuicio económico para la industria farmacéutica y un freno al desarrollo científico y médico global.
Los medicamentos falsificados representan un riesgo grave para la salud, ya que pueden contener ingredientes erróneos, dosis incorrectas, estar caducados o incluir sustancias peligrosas. Su consumo pone en peligro la vida de los pacientes, especialmente en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer, el VIH/SIDA, la tuberculosis o la malaria. En estos casos, el uso de productos falsificados no solo es ineficaz, sino que puede empeorar la condición del paciente, favorecer el desarrollo de resistencias a los tratamientos y empeorar la efectividad de las políticas de salud pública.
Las consecuencias del uso de medicamentos falsificados son especialmente peligrosas cuando estos incluyen antibióticos de baja calidad o en dosis insuficientes. En lugar de eliminar la infección, estos productos permiten que algunas bacterias sobrevivan y se fortalezcan, favoreciendo la aparición de cepas resistentes.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de la industria para frenar esta amenaza, la falsificación de medicamentos continúa en aumento. En los últimos cinco años, el suministro de estos productos ilícitos se ha incrementado en un 35 %, impulsado principalmente por el auge del comercio electrónico. Las plataformas digitales permiten a los falsificadores llegar a un público mucho más amplio, amparándose en el anonimato que ofrece internet y dificultando considerablemente su localización y persecución.
La situación ha alcanzado tal gravedad que las fuerzas de seguridad han intensificado sus operaciones contra el tráfico ilegal de medicamentos. La más reciente, la Operación Shield V, coordinada por Europol entre abril y noviembre de 2024, ha contado con la participación de 30 países. Esta operación ha permitido la detención de 418 personas y la incautación de medicamentos falsificados valorados en más de 11,1 millones de euros. Cifras que evidencian la magnitud del problema y su relación directa con redes de delincuencia organizada.
Con el objetivo de combatir esta amenaza, los países europeos han implementado sistemas de trazabilidad y verificación en la cadena legal del medicamento. En España, destaca el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM), una herramienta clave para garantizar la autenticidad de cada envase que se dispensa en farmacias.
El SEVeM asigna a cada medicamento un identificador único, similar a un código QR, que se verifica en el momento de la dispensación. Gracias a este sistema, se puede detectar si un producto ha sido manipulado o si no pertenece a la cadena de suministro autorizada. A día de hoy, más de 22.000 farmacias, 216 hospitales privados, 340 distribuidores y 543 laboratorios están conectados a esta red.
Además, en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2016/161, desde el 30 de septiembre de 2024 está prohibida la dispensación de medicamentos que generen alertas en el sistema y que no puedan descartarse como sospechosos de falsificación. Esta normativa refuerza la seguridad del paciente y obliga a todos los agentes de la cadena farmacéutica a actuar con la máxima diligencia.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha establecido procedimientos específicos para el aviso de sospechas de medicamentos falsificados, accesibles a laboratorios, distribuidores y farmacias. Estas notificaciones se actualizan de forma continua y constituyen un recurso valioso para identificar patrones y prevenir nuevas amenazas.
La lucha contra la piratería requiere de una coordinación eficaz entre las instituciones públicas, los operadores del sector farmacéutico y los ciudadanos. La información, la formación y la concienciación social son fundamentales para reducir la demanda de estos productos y favorecer la compra segura a través de canales oficiales.
El daño que provoca la falsificación de medicamentos no se limita a la salud pública. Las pérdidas económicas para los laboratorios son significativas, ya que estos productos ilegales compiten directamente con los originales, perjudican la reputación de las marcas y reducen el retorno de la inversión en innovación.
Además, desincentivan la investigación científica. Desarrollar un nuevo medicamento requiere años de trabajo y enormes recursos financieros. La entrada de productos falsificados en el mercado socava ese esfuerzo, restando atractivo a la inversión en ciencia y tecnología. Sin una inversión sostenida en I+D, el progreso médico se estanca y millones de personas podrían quedarse sin acceso a tratamientos eficaces y seguros.
El impacto también alcanza a los sistemas públicos de salud, que deben hacer frente a las consecuencias del uso de medicamentos ineficaces: tratamientos repetidos, efectos adversos, hospitalizaciones innecesarias y campañas de detección o retirada de productos del mercado.
Para protegerse frente a los riesgos asociados a los medicamentos falsificados, es recomendable seguir estas pautas:
La piratería de medicamentos constituye un problema de salud pública de alcance global. Afecta a los pacientes, daña la economía, compromete la innovación y fortalece redes delictivas organizadas. Fortalecer la vigilancia, promover la educación de la ciudadanía y fomentar la compra de medicamentos por vías oficiales son pasos imprescindibles para combatir esta amenaza.
Desde Elzaburu, continuamos apoyando la protección de los derechos de propiedad industrial y colaborando con las autoridades y las empresas para garantizar la seguridad del consumidor y la integridad del mercado.
Alberto Gallo. Asociado del Área de Antipiratería de Elzaburu
El marco legal que regula la protección de diseños y modelos industriales en la Unión Europea ha sido actualizado con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/2822 y la Directiva (UE) 2024/2823. Esta reforma legislativa marca un hito significativo en la armonización y modernización del sistema de registro y protección de los dibujos y modelos industriales en Europa, cuya anterior directiva databa de 1998.
Con esta reforma, la Unión Europea busca facilitar el acceso a la protección de los diseños industriales, especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES), al tiempo que se adapta a los desafíos tecnológicos y económicos de la era digital.
Una de las grandes innovaciones en la ley de diseños industriales es la ampliación de la definición de “producto” susceptible de protección. A partir de ahora, no solo se podrán registrar diseños aplicados a objetos físicos, sino también aquellos que:
La protección se limita a las características visibles en las representaciones del diseño registrado. No obstante, no es necesario que esas características sean visibles en un momento o situación concreta de uso. Solo existe una excepción: en el caso de componentes de productos complejos, la protección solo se aplicará a los elementos visibles durante la utilización normal del producto.
La cláusula de reparación de piezas de recambio pasa a ser obligatoria para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Lo que armoniza la situación jurídica respecto al uso de diseños protegidos para reparar un producto complejo y, así, devolverle su apariencia original, cuando el diseño se incorpora a un objeto que constituye un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido del componente.
Otro punto crítico es la aparición de tecnologías como la impresión 3D. Para evitar infracciones, la nueva normativa aclara que: “la creación, descarga, copia y puesta a disposición de cualquier soporte o software que registre el diseño a efectos de la reproducción de un producto que infrinja el diseño protegido”, sin autorización, está totalmente prohibido.
La normativa también anticipa una actualización en los formatos permitidos para la presentación de los diseños. A falta de una confirmación oficial, se espera que se acepten vídeos e imágenes 3D como medios de representación alternativos a las tradicionales siete vistas estáticas.
Se han introducido modificaciones relevantes en el esquema de tasas:
La implementación de esta reforma se realizará en dos fases:
Por su parte, los Estados miembros de la UE tendrán hasta el 9 de diciembre de 2027 para incorporar los cambios de la nueva Directiva a sus respectivas legislaciones nacionales.
Aunque no se trata de una revolución normativa, esta actualización representa una mejora sustancial en la protección jurídica de los diseños industriales en la Unión Europea. El sistema de depósito y registro se mantiene, y el examen sustantivo de los diseños solo se sigue realizando en aquellos casos en los que se presente una solicitud de declaración de nulidad contra el diseño registrado.
Igualmente, hasta el próximo año no sabremos cómo se materializarán los aspectos clave de la segunda fase. Algunos de estos cambios podrían tener un impacto importante en la práctica, tanto para los diseñadores como para las empresas que utilizan los diseños industriales como activo competitivo.
En definitiva, los usuarios del sistema de protección de diseños en la Unión Europea contarán con nuevas herramientas jurídicas que les permitirán proteger de forma más eficaz y flexible sus creaciones en un mercado cada vez más digital y globalizado.
Desde Elzaburu, seguiremos informando sobre cómo se desarrolla la implementación práctica de estas reformas, especialmente de cara a la segunda fase que entrará en vigor en 2026.
Pedro Saturio, Socio-asociado del Área de Patentes de Elzaburu.
Los festivales culturales y folclóricos son espacios de encuentro que promueven la diversidad cultural y fusionan las tradiciones históricas con las expresiones artísticas contemporáneas.
Desde la música en vivo hasta el diseño gráfico, pasando por artes escénicas, audiovisuales y expresiones tradicionales, en estos festivales los activos intangibles son un pilar fundamental, lo que convierte a estos eventos en escenarios de alto riesgo jurídico si no se adoptan medidas preventivas adecuadas.
Implementar una estrategia eficiente en materia de propiedad industrial e intelectual no solo es crucial para proteger los intereses de los organizadores y participantes, sino que también contribuye a la protección de la cultura, la sostenibilidad y el reconocimiento del festival.
En el siguiente artículo te mostramos cinco claves que debes considerar en tu estrategia de protección y explotación de activos intangibles si estás pensando en organizar un festival cultural o folclórico:
El primer paso en la protección de activos intangibles es el registro de marcas. Tanto el nombre como el logotipo del festival constituyen signos distintivos cuya protección es fundamental para evitar usos no autorizados que puedan perjudicar la reputación del evento o inducir a confusión en el público. Además, es recomendable adquirir el dominio correspondiente y crear los perfiles oficiales en redes sociales.
Los festivales culturales implican la utilización intensiva de obras protegidas por derechos de autor: música, vídeos, representaciones escénicas, obras plásticas, entre otros. Por tanto, es imprescindible que los organizadores formalicen acuerdos con los titulares de derechos o sus representantes.
Estos contratos deben especificar los términos de uso de las obras, incluyendo la duración de la cesión, el territorio autorizado, los medios de explotación y cualquier contraprestación económica.
Los patrocinios representan una fuente de financiación crucial para este tipo de eventos, pero también implican el uso compartido de marcas y otros activos intangibles, lo que requiere una regulación clara y detallada. Los contratos de patrocinio deben prever las condiciones de uso de las marcas, así como las posibles licencias sobre obras protegidas por derechos de autor utilizadas en acciones promocionales.
Asimismo, es recomendable establecer mecanismos de control y supervisión en la organización, creación de la publicidad y celebración del evento para asegurar:
En los eventos culturales, la captación de imágenes y sonidos es habitual. No obstante, cuando el evento involucra obras protegidas por derechos de autor o derechos de imagen, deben aplicarse directrices claras sobre derechos de imagen y reproducción.
Los organizadores deben incluir avisos visibles en el recinto que informen al público y a los medios de comunicación sobre los fines permitidos para la grabación y distribución del contenido. Además, estos también deben monitorizar que se cumplan estas normativas para proteger los derechos de los creadores y mantener la integridad del evento.
Otro aspecto a tener en cuenta es el respeto a las manifestaciones culturales tradicionales, propias de comunidades tradicionales que forman parte de la identidad cultural y que han sido transmitidas de generación en generación. Siempre se debe garantizar que no haya usos indebidos de expresiones culturales.
La organización de festivales implica tanto la exposición a riesgos —como la piratería, la falsificación o la apropiación indebida de contenidos— como la posibilidad de generar beneficios económicos y reputacionales a través de una adecuada gestión de la propiedad intelectual e industrial.
Una estrategia preventiva no solo protege a los organizadores frente a posibles infracciones, sino que también permite aprovechar al máximo los activos intangibles, mediante su licencia o cesión controlada, transformando el valor cultural en oportunidades reales de desarrollo.
En Elzaburu, acompañamos a organizadores, titulares de derechos y entidades públicas y privadas en el diseño e implementación de estrategias jurídicas que garantizan una protección eficaz de la propiedad industrial e intelectual en todo tipo de eventos culturales. Nuestro equipo de expertos nos permite ofrecer un servicio que garantica la protección del valor de los activos intangibles y contribuye al desarrollo sostenible de la cultura.
Cristina Espín, Asociada Senior del Área Legal (Negocios y contratos) de Elzaburu.
Conocer el valor de una marca es clave para entender su impacto en el mercado y su relevancia entre los consumidores. Las marcas más valiosas del mundo no solo destacan por su éxito financiero, sino también por la percepción que tienen los consumidores sobre estas.
Actualmente, de acuerdo con el informe “Global 500” de Brand Finance, se ha detectado un creciente aumento del valor de algunas marcas españolas, logrando un posicionamiento cada vez más competitivo frente al escenario global.
El Banco Santander se posiciona como la marca española más valiosa, situándose en el puesto 93 del ranking global. Su valor de marca ha aumentado un 16%, alcanzando los 21.800 millones de dólares.
La firma de moda Zara, del grupo Inditex, ocupa el puesto 116, con un crecimiento del 11% en su valor de marca, que asciende a 18.100 millones de dólares.
BBVA ha incrementado un 28% su valor, alcanzando los 9.200 millones de dólares y situándose en el puesto 247 del ranking.
Movistar se posiciona en el puesto 273, con un valor de marca de 8.600 millones de dólares, tras crecer un 12%.
CaixaBank ha registrado un crecimiento del 25% en su valor de marca, alcanzando los 7.100 millones de dólares y situándose en el puesto 329 del ranking global.
Mercadona ha logrado posicionarse en el puesto 359 del ranking global.
Cerrando la lista de las marcas españolas que ha crecido un 10%, alcanzando un valor de 5.800 millones de dólares.

Fuente: Brand Finance Global 500 2025
Las marcas enfrentan numerosos desafíos, desde cambios tecnológicos o la incertidumbre geopolítica, hasta la evolución de las expectativas de los consumidores. El éxito reside en adaptarse rápidamente a estos retos, al mismo tiempo que alinean la estrategia de marca con los objetivos financieros.
Algunos de los fatores que más han contribuido al aumento del valor de las marcas de España son:
El crecimiento de las marcas españolas en el ranking «Global 500» subraya la importancia de la gestión de los intangibles en un mercado cada vez más competitivo. La capacidad de estas empresas para innovar, expandirse internacionalmente y generar confianza entre los consumidores ha sido clave para su éxito.
A medida que las marcas más valiosas de España continúan su ascenso en el panorama global, resulta fundamental seguir apostando por la protección de la propiedad industrial e intelectual.
En Elzaburu estamos comprometidos en ayudar a las empresas a fortalecer y proteger su valor de marca, garantizando su crecimiento sostenible en un mundo cada vez más digital y globalizado.
Lucía Palomino, Abogados y Técnicos del área de Marca de Elzaburu.
En los últimos años, los incentivos fiscales en el cine han jugado un papel fundamental en la industria audiovisual en España. Estos incentivos no solo han favorecido la creación de producciones nacionales, sino que también han atraído importantes coproducciones internacionales, lo que ha convertido a España en un destino privilegiado para rodajes.
Este artículo abordaremos qué son los incentivos fiscales en el cine y cómo operan las deducciones fiscales, así como la relevancia de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) en este contexto, con especial atención a las recientes novedades jurídicas que afectan a estas entidades.
Los incentivos fiscales en el cine son una herramienta clave para financiar producciones cinematográficas, que está ayudando a potenciar el sector audiovisual, tanto en su vertiente nacional como en su capacidad de atraer rodajes internacionales.
Uno de los principales incentivos fiscales disponibles en el país son las deducciones fiscales en el cine, que permiten a las empresas de producción cinematográfica recuperar parte de su inversión en proyectos audiovisuales. Estas deducciones, reguladas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se articulan a través de un sistema que permite a los productores deducir un porcentaje de los gastos incurridos en la producción de una película, serie, documental, cortometraje y animación, además también aplican a espectáculos de artes escénicas o musicales.
La deducción fiscal varía en función de diversos factores, como el tipo de producción (nacional o internacional), la localización del rodaje, el uso de recursos locales y la implicación de empresas españolas en la producción. Estos beneficios permiten que el cine en España se mantenga competitivo en un mercado global donde los incentivos fiscales son un factor decisivo a la hora de elegir el destino de un rodaje.
Las AIEs (Agrupaciones de Interés Económico) son entidades sin ánimo de lucro que se crean con el fin de facilitar la cooperación entre diversas empresas o profesionales para llevar a cabo un proyecto común. En el contexto cinematográfico, las AIE permiten reunir a diferentes actores del sector para financiar y producir películas.
La AIE es constituida como productora, desarrollando la producción en su actividad y gracias a su naturaleza jurídica puede traspasar las consecuencias fiscales de la producción al socio que haya a 31 de diciembre a cambio de obtener financiación para el proyecto. Es decir, el contribuyente que quiere aprovecharse de las ventajas fiscales que genera la producción audiovisual y espectáculos en vivos, paga un precio por entrar como socio en una AIE y así poder atribuirse los resultados fiscales favorables que haya en esta, claro está siempre con una rentabilidad de por medio que hace atractivo la operación para estos inversores.
Las AIE en el cine tienen una importancia crucial, ya que no solo permiten acceder a los incentivos fiscales, sino que también facilitan la financiación de grandes producciones. Al estar registradas en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), las AIE pueden beneficiarse de las deducciones fiscales por inversiones en la producción cinematográfica, lo que reduce considerablemente los costes de producción.
Las deducciones fiscales en el cine a través de las AIEs funcionan como un vehículo de transparencia fiscal, se trata de una entidad que transmite las consecuencias fiscales que haya en su sede, directamente a sus socios residentes en función de su porcentaje de participación, de manera que los inversores o productores participantes en una AIE pueden obtener un porcentaje de la deducción generada por la producción de la película.
De todo lo anterior, derivan las ventajas de utilizar una AIE para inversiones cinematográficas, entre las que destacan:
En las AIE, el tratamiento fiscal se ajusta a la normativa vigente en cada momento. Las AIE deben cumplir con requisitos específicos establecidos por el ICAA para acceder a los beneficios fiscales. Estas entidades son una opción atractiva para los productores, ya que además de los incentivos fiscales, permiten una estructura más flexible y eficiente para la financiación de proyectos.
Esta metodología cuenta con la aprobación y visto bueno de la administración que constata la cualidad de productor de la AIE, incluso cuenta con el fomento de la Ley del Cine, que en su artículo 21 expone:
“Para un mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales previstos en la normativa tributaria (…) el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) fomentará:
Recientemente, el sector audiovisual español ha sido testigo de una importante sentencia clave que refuerza la estabilidad de las deducciones fiscales en el sector audiovisual y avala el uso de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) como motor de inversión. La Audiencia Nacional dictó una sentencia en enero de 2025 que confirma que las AIEs sí pueden obtener beneficios fiscales en las producciones cinematográficas, anulando una resolución anterior de la Agencia Tributaria (AEAT).
Este fallo judicial responde a un litigio entre la AEAT y una AIE que había solicitado una deducción fiscal por su inversión en la producción de una película. La AEAT había argumentado que la AIE no cumplía con los requisitos para ser considerada una productora legítima y, por lo tanto, no podía acceder a la deducción fiscal. Sin embargo, la Audiencia Nacional invalidó esta resolución, estableciendo que las AIE, como vehículos de producción y financiación, tienen derecho a acceder a los beneficios fiscales previstos en la legislación cinematográfica española.
La Audiencia Nacional reafirma que Hacienda no puede contradecir sus propios actos ni los de otros órganos administrativos, como el ICAA, que es el encargado de calificar a las AIEs como productoras. Además, el fallo establece que los certificados de productor cinematográfico del ICAA tienen plena validez también a efectos fiscales, y que la AEAT no puede desconocerlos arbitrariamente.
La sentencia no solo afecta a las AIE en el cine, reforzando su legitimidad como vehículo de producción y financiación, sino que también tiene mejora el marco económico del sector audiovisual en general, manteniendo un régimen fiscal atractivo para la producción internacional y reafirmando a España como un destino fiable para inversiones de tipo fiscal en el sector del entretenimiento. Además, esta es muy relevante para las producciones que se realizan en Canarias, un destino clave para la coproducción audiovisual, ya que los incentivos fiscales han impulsado un incremento en el número de rodajes de esta localidad. En 2024, los rodajes en las islas aumentaron más del 17%, lo que generó un negocio directo de unos 218 millones de euros y más de 14.000 empleos locales.
Los incentivos fiscales en el cine han sido una herramienta clave para el desarrollo de la industria audiovisual en España. Las deducciones fiscales y el papel de las AIE han facilitado la financiación de proyectos cinematográficos tanto nacionales como internacionales. Con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, se confirma que las AIE tienen derecho a beneficiarse de estos incentivos fiscales, lo que refuerza aún más la competitividad de la industria española. Este tipo de medidas continuarán siendo esenciales para atraer inversiones y generar empleo en el sector audiovisual en España.
Jaime Hormeño, Asociado Júnior del área IP Media & Entertainment de Elzaburu.