El comercio ilícito de productos falsificados se ha transformado en un entramado global, tecnificado y con capacidad para adaptarse con rapidez a los cambios del mercado y del consumo. El informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) confirma esta evolución con datos que reflejan una amenaza creciente para la innovación, la seguridad del consumidor y la actividad económica en su conjunto.
Según el último análisis de la EUIPO, en 2024 se incautaron más de 112 millones de artículos falsificados, cuyo valor estimado supera los 3.800 millones de euros, el registro más elevado hasta la fecha. Aunque la cantidad total de productos intervenidos descendió un 26 %, el valor económico de las mercancías aumentó un 11 %, lo que indica un desplazamiento hacia falsificaciones de mayor complejidad y valor.
Este cambio de patrón se explica por la creciente orientación de las redes criminales hacia productos de precio medio-alto y en los que el consumidor confía (como software, cosmética, relojería o dispositivos electrónicos). Priorizando los segmentos más rentables y abandonando la lógica tradicional del mercado masivo.
Uno de los datos más llamativos del informe es el liderazgo de los CDs y DVDs grabados (incluido software, videojuegos y aplicaciones) como la categoría más intervenida en el mercado interior, concentrando el 40 % de las aprehensiones. Este repunte no obedece a una recuperación del soporte físico por nostalgia, sino a la demanda generada por el retro gaming y por usuarios que prefieren instalaciones offline para software profesional.
El riesgo asociado es notable: muchas de estas copias contienen malware, accesos remotos no autorizados o vulnerabilidades críticas, que pueden comprometer la ciberseguridad de los usuarios y de las empresas. En un entorno donde los delitos informáticos crecen exponencialmente, instalar software pirateado supone una puerta abierta a ataques dirigidos o robo de datos.
Tras el software falsificado, destacan los juguetes (19 %), la ropa y accesorios (12 %), los cigarrillos y vapeadores (4 %) y los perfumes y cosméticos (3 %), categorías que presentan un riesgo evidente para la salud de los consumidores.
Los productos de perfumería, cosmética o tabaco falsificados evitan cualquier control sanitario y pueden contener sustancias nocivas, mientras que los juguetes o cargadores defectuosos pueden generar daños físicos.
De este modo, estos productos no solo vulneran derechos de propiedad intelectual, sino que ponen en peligro directo a los consumidores, quienes a menudo desconocen el origen ilícito de los artículos adquiridos.
La mayor parte de las falsificaciones incautadas en la UE procede de China (44 %), seguida de Turquía (22 %). Por primera vez, los Emiratos Árabes Unidos (6 %) aparecen como un punto destacado en el flujo comercial ilícito, consolidándose como nodo logístico emergente.
En cuanto a modos de envío, el transporte marítimo continúa siendo predominante, pero el principal reto operativo se encuentra en los envíos postales y mensajería exprés, impulsados por el auge del comercio electrónico y la circulación de millones de pequeños paquetes difíciles de controlar individualmente.
España mantiene un papel central en la intervención de productos ilícitos, con cerca de tres millones de artículos incautados adicionales respecto a 2023, valorados en 576 millones de euros. Su posición geográfica y la actividad de puertos y centros logísticos explican tanto la magnitud del flujo como la eficacia de las actuaciones nacionales.
El informe subraya la mejora en la cooperación administrativa y policial, así como el uso cada vez más avanzado de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial para análisis predictivos.
En esta línea, el Portal de Observancia (IPEP) gestionó más de 6.500 alertas en 2024 y facilitó actuaciones conjuntas con Europol a través de operaciones como Fake Star II, Shield u Opson. Logrando que más del 81 % de los procedimientos culminara con la destrucción de los productos intervenidos.
Así pues, el informe señala la necesidad de una cooperación real, no solo formal, lo que implica compartir información técnica (entre empresas, aduanas y cuerpos policiales), reforzar la capacitación operativa y acelerar los procedimientos de decomiso para seguir el ritmo de redes criminales altamente tecnificadas.
La lucha contra la falsificación no puede limitarse a aduanas y tribunales. La sensibilización social es fundamental para reducir la demanda. Educar al consumidor sobre los impactos económicos y éticos, así como sobre los riesgos personales para la salud y la seguridad, constituye una línea de defensa esencial, especialmente entre los más jóvenes y en entornos educativos.
En Elzaburu seguimos de cerca la evolución del mercado ilícito y sus implicaciones para los derechos de propiedad industrial. Nuestro equipo analiza de forma continua los cambios normativos, tecnológicos y operativos para ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento riguroso, actualizado y adaptado a los desafíos reales de la antipiratería y la protección de activos intangibles.
Alberto Gallo, abogado asociado experto en antipiratería de Elzaburu.
En un entorno empresarial cada vez más expuesto al canal online, la piratería en internet se ha convertido en una amenaza real para las marcas. Ya no se trata únicamente de copias físicas: hoy, la falsificación de productos, la venta ilícita o el uso no autorizado de activos intangibles generan pérdidas millonarias y un grave deterioro de la confianza del consumidor.
El impacto de estas falsificaciones de marcas va más allá del daño económico: afectan directamente a la reputación, erosionan la diferenciación y pueden comprometer la viabilidad de modelos de negocio basados en la innovación. Según la EUIPO, la piratería y la falsificación causan pérdidas anuales de 83.000 millones de euros en la Unión Europea, afectando de forma particular a sectores como la moda, los cosméticos, la electrónica, el deporte o el entretenimiento.
Ante esta situación, vamos a explorar las cinco claves esenciales para proteger tu marca frente a la piratería digital, poniendo el foco en la prevención y la aplicación de estrategias legales y tecnológicas:
El punto de partida para cualquier estrategia de protección es registrar correctamente tus derechos de propiedad industrial e intelectual. Esto incluye marcas, diseños, patentes y obras protegidas por derechos de autor. El registro debe realizarse ante organismos oficiales como la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la UE) o la OMPI a nivel internacional. Tener los derechos registrados no solo te da titularidad legal, sino que te permite actuar con rapidez ante cualquier uso indebido.
Hoy en día, la piratería en internet se manifiesta en múltiples formas: desde productos falsificados en marketplaces hasta perfiles falsos en redes sociales. Para combatirla, es imprescindible establecer una vigilancia digital continua.
Existen tecnologías avanzadas que rastrean la red en busca de usos indebidos de marcas o imágenes protegidas, identificando con precisión la fuente de la infracción. Estas herramientas, combinadas con el trabajo de firmas legales especializadas, permiten detectar y eliminar contenido ilegal con un índice de éxito superior al 80 %.
La colaboración con plataformas digitales es uno de los pilares actuales en la lucha contra la piratería. Marketplaces como Amazon, AliExpress o eBay, así como redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok, han creado mecanismos para que los titulares de derechos reporten infracciones y soliciten la eliminación de contenidos ilegales.
El uso de estos canales acorta significativamente los plazos de respuesta y limita la difusión de productos piratas antes de que causen un daño reputacional irreversible.
Aunque el canal digital es el más visible, muchas falsificaciones siguen distribuyéndose a través de redes logísticas tradicionales. En este contexto, la vigilancia aduanera se convierte en una herramienta clave.
Las empresas pueden solicitar la intervención aduanera para identificar y detener envíos sospechosos antes de su entrada al mercado. Esta medida no solo frena el comercio de productos falsificados, sino que también permite localizar redes de distribución ilegal.
En un ecosistema cambiante, donde los infractores operan con anonimato, rapidez y alcance global, cada caso exige una respuesta legal ajustada. Contar con un equipo jurídico con experiencia en propiedad industrial e intelectual digital permite actuar con agilidad y diseñar estrategias efectivas, tanto en vía civil como penal.
Además, ante infracciones transnacionales, el asesoramiento especializado permite coordinar acciones en distintas jurisdicciones y aprovechar los cauces de cooperación internacional, como Europol, Eurojust o las directrices europeas sobre la ley contra la piratería.
Proteger una marca en el entorno digital no es una tarea puntual, sino un proceso continuo. Solo mediante un enfoque integral es posible responder con eficacia ante la creciente amenaza de la piratería digital.
Proteger una marca hoy significa mucho más que registrar un nombre o un logotipo. Implica invertir estratégicamente en protección, en vigilancia digital, en acciones legales preventivas y en colaboración institucional.
En Elzaburu, acompañamos a nuestros clientes en esta tarea, ofreciendo un enfoque ético, riguroso y estratégico para proteger aquello que da valor a su negocio: su marca.
Transi Ruiz, Asociada Senior del Área Legal, Antipiratería de Elzaburu.
Uno de cada diez medicamentos que circulan en los países desarrollados es falso o no cumple con los estándares de calidad requeridos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta alarmante cifra no solo representa un grave riesgo para la salud pública, sino también un perjuicio económico para la industria farmacéutica y un freno al desarrollo científico y médico global.
Los medicamentos falsificados representan un riesgo grave para la salud, ya que pueden contener ingredientes erróneos, dosis incorrectas, estar caducados o incluir sustancias peligrosas. Su consumo pone en peligro la vida de los pacientes, especialmente en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer, el VIH/SIDA, la tuberculosis o la malaria. En estos casos, el uso de productos falsificados no solo es ineficaz, sino que puede empeorar la condición del paciente, favorecer el desarrollo de resistencias a los tratamientos y empeorar la efectividad de las políticas de salud pública.
Las consecuencias del uso de medicamentos falsificados son especialmente peligrosas cuando estos incluyen antibióticos de baja calidad o en dosis insuficientes. En lugar de eliminar la infección, estos productos permiten que algunas bacterias sobrevivan y se fortalezcan, favoreciendo la aparición de cepas resistentes.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de la industria para frenar esta amenaza, la falsificación de medicamentos continúa en aumento. En los últimos cinco años, el suministro de estos productos ilícitos se ha incrementado en un 35 %, impulsado principalmente por el auge del comercio electrónico. Las plataformas digitales permiten a los falsificadores llegar a un público mucho más amplio, amparándose en el anonimato que ofrece internet y dificultando considerablemente su localización y persecución.
La situación ha alcanzado tal gravedad que las fuerzas de seguridad han intensificado sus operaciones contra el tráfico ilegal de medicamentos. La más reciente, la Operación Shield V, coordinada por Europol entre abril y noviembre de 2024, ha contado con la participación de 30 países. Esta operación ha permitido la detención de 418 personas y la incautación de medicamentos falsificados valorados en más de 11,1 millones de euros. Cifras que evidencian la magnitud del problema y su relación directa con redes de delincuencia organizada.
Con el objetivo de combatir esta amenaza, los países europeos han implementado sistemas de trazabilidad y verificación en la cadena legal del medicamento. En España, destaca el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM), una herramienta clave para garantizar la autenticidad de cada envase que se dispensa en farmacias.
El SEVeM asigna a cada medicamento un identificador único, similar a un código QR, que se verifica en el momento de la dispensación. Gracias a este sistema, se puede detectar si un producto ha sido manipulado o si no pertenece a la cadena de suministro autorizada. A día de hoy, más de 22.000 farmacias, 216 hospitales privados, 340 distribuidores y 543 laboratorios están conectados a esta red.
Además, en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2016/161, desde el 30 de septiembre de 2024 está prohibida la dispensación de medicamentos que generen alertas en el sistema y que no puedan descartarse como sospechosos de falsificación. Esta normativa refuerza la seguridad del paciente y obliga a todos los agentes de la cadena farmacéutica a actuar con la máxima diligencia.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha establecido procedimientos específicos para el aviso de sospechas de medicamentos falsificados, accesibles a laboratorios, distribuidores y farmacias. Estas notificaciones se actualizan de forma continua y constituyen un recurso valioso para identificar patrones y prevenir nuevas amenazas.
La lucha contra la piratería requiere de una coordinación eficaz entre las instituciones públicas, los operadores del sector farmacéutico y los ciudadanos. La información, la formación y la concienciación social son fundamentales para reducir la demanda de estos productos y favorecer la compra segura a través de canales oficiales.
El daño que provoca la falsificación de medicamentos no se limita a la salud pública. Las pérdidas económicas para los laboratorios son significativas, ya que estos productos ilegales compiten directamente con los originales, perjudican la reputación de las marcas y reducen el retorno de la inversión en innovación.
Además, desincentivan la investigación científica. Desarrollar un nuevo medicamento requiere años de trabajo y enormes recursos financieros. La entrada de productos falsificados en el mercado socava ese esfuerzo, restando atractivo a la inversión en ciencia y tecnología. Sin una inversión sostenida en I+D, el progreso médico se estanca y millones de personas podrían quedarse sin acceso a tratamientos eficaces y seguros.
El impacto también alcanza a los sistemas públicos de salud, que deben hacer frente a las consecuencias del uso de medicamentos ineficaces: tratamientos repetidos, efectos adversos, hospitalizaciones innecesarias y campañas de detección o retirada de productos del mercado.
Para protegerse frente a los riesgos asociados a los medicamentos falsificados, es recomendable seguir estas pautas:
La piratería de medicamentos constituye un problema de salud pública de alcance global. Afecta a los pacientes, daña la economía, compromete la innovación y fortalece redes delictivas organizadas. Fortalecer la vigilancia, promover la educación de la ciudadanía y fomentar la compra de medicamentos por vías oficiales son pasos imprescindibles para combatir esta amenaza.
Desde Elzaburu, continuamos apoyando la protección de los derechos de propiedad industrial y colaborando con las autoridades y las empresas para garantizar la seguridad del consumidor y la integridad del mercado.
Alberto Gallo. Asociado del Área de Antipiratería de Elzaburu
En la última década, el CrossFit ha pasado de ser una tendencia en el ámbito del entrenamiento funcional a convertirse en una disciplina global con millones de seguidores y más de 12.000 centros afiliados en todo el mundo. Esta expansión ha traído consigo un fenómeno paralelo: el aumento de la piratería y las falsificaciones en el deporte, en especial en el uso indebido de marcas registradas como «CrossFit«. Esta situación afecta tanto a los titulares de derechos como a los consumidores, que pueden ser engañados al recibir un servicio que no cumple con los estándares de calidad asociados a la marca.
CrossFit no solo es sinónimo de un método de entrenamiento funcional de alta intensidad, es también una marca registrada. Esta distinción es fundamental para entender la problemática jurídica que rodea su uso. Mientras que el sistema de entrenamiento (basado en rutinas como burpees, snatches o AMRAPs) puede ser practicado libremente por cualquier persona o gimnasio, el uso del nombre “CrossFit” está legalmente protegido. Es decir, un centro puede ofrecer entrenamientos similares sin inconvenientes legales, pero no puede utilizar la marca CrossFit si no dispone de la licencia correspondiente.
El uso no autorizado del nombre «CrossFit» por parte de gimnasios no afiliados constituye una forma clara de piratería deportiva. Estos centros se aprovechan de la notoriedad y prestigio asociados a la marca para atraer clientela, sin cumplir con los requisitos de certificación, formación ni abonar los costes de licencia exigidos por la marca. Esta práctica no solo infringe derechos de propiedad industrial, sino que además representa una competencia desleal frente a los centros que sí operan bajo el marco legal establecido, invirtiendo en formación y estándares de calidad.
CrossFit Inc. ha adoptado una postura activa y global en la defensa de su marca. La compañía ha implementado una red de vigilancia que combina la tecnología con la colaboración de su comunidad de afiliados. A través de un formulario de denuncias disponible en su web oficial, cualquier persona puede reportar el uso indebido de la marca. Esta red permite detectar casos de piratería en el CrossFit en diferentes niveles, desde grandes cadenas hasta pequeños gimnasios de barrio.
El protocolo de actuación comienza con una comunicación amistosa en la que se solicita al infractor que cese el uso indebido de la marca en elementos como redes sociales, pizarras, cartelería o camisetas. Si no se obtiene una respuesta satisfactoria, el caso se traslada al equipo jurídico del país correspondiente. En el caso de España, este rol lo desempeña la firma Elzaburu, que representa a CrossFit Inc. desde el año 2015.
En los últimos 10 años, se han promovido 15 procedimientos judiciales en territorio español, de los cuales 6 han culminado con sentencias condenatorias. En la actualidad, existen ocho demandas activas en distintos juzgados nacionales, aunque una parte significativa de los conflictos se resuelve antes de llegar a juicio.
La cuantía de las reclamaciones ha llegado a alcanzar hasta los 30.000 euros, una cifra que puede parecer modesta, pero que refleja que, en la mayoría de los casos, estos se resuelven antes de que el pleito se complique.
El fenómeno de las falsificaciones en el deporte no es nuevo, pero en disciplinas de rápido crecimiento como el CrossFit, adquiere una dimensión particular. La apariencia profesional de muchos centros ilegales, el uso de terminología similar y la proliferación de redes sociales como canales de promoción dificultan la distinción entre lo oficial y lo no autorizado. A esto se suma la creación de nombres camuflados como «XtremFit», «CrossBattle» o «GarageWarriors».
Esta práctica supone un claro ejemplo de competencia desleal, ya que genera confusión en el consumidor y socava los esfuerzos de quienes cumplen con la normativa. Asimismo, la piratería en el CrossFit erosiona el valor de la marca, que han invertido durante años en consolidar su reputación y ofrecer una experiencia deportiva diferenciada.
La estrategia legal de CrossFit busca preservar no solo los derechos derivados del registro de marca, sino también proteger un modelo de negocio sustentado en la formación certificada, la calidad estandarizada y la confianza del consumidor. En este contexto, la piratería en el CrossFit no representa únicamente una infracción marcaria, sino un riesgo estructural que afecta a la identidad y sostenibilidad del ecosistema creado en torno a esta disciplina.
La defensa de los derechos de propiedad industrial en el ámbito del deporte es una tarea crucial para preservar la integridad del mercado y proteger tanto a los titulares de derechos como a los consumidores. Desde Elzaburu, seguimos trabajando para garantizar que los titulares de marcas puedan ejercer sus derechos de forma efectiva, promoviendo un entorno de competencia leal y respeto a la legalidad.
Carlos Morán, Socio del área Legal de Elzaburu.
Según un informe reciente, las empresas españolas de sectores como la moda, los cosméticos y los productos farmacéuticos están perdiendo «más del 10% de su facturación debido a la falsificación«. El problema está ampliamente documentado. Por ejemplo, en un informe del New York Times sobre vendedores callejeros de productos falsificados en Barcelona, el medio expuso los importantes desafíos que enfrenta la policía para detener estas actividades en España. Como resultado, los vendedores de productos falsos son comunes en diversas zonas del país, especialmente en aquellas con alta afluencia de turistas.
A continuación, compartimos la manera más efectiva para que las marcas combatan la venta de productos falsificados en España, además de señalar algunos de los mercados que deben estar en el radar de los titulares de derechos.
Hacer valer los derechos de propiedad intelectual contra la falsificación en España implica comprender el marco legal del país, el cual está alineado con las regulaciones de la Unión Europea y acuerdos internacionales. Los titulares de derechos que buscan actuar contra productos falsificados en mercados físicos deben conocer tanto el marco legal como los pasos prácticos a seguir.
Los casos de falsificación de marcas se procesan principalmente por la vía penal, aunque los titulares también pueden presentar acciones civiles, ya sea de manera independiente o junto con el proceso penal.
Según el artículo 274 del Código Penal, la falsificación de marcas conlleva penas de prisión de seis meses a cuatro años, con la posibilidad de hasta seis años en los casos más graves. Las multas varían según la gravedad del delito. Aunque la falsificación está clasificada como un delito público, lo que permite a las autoridades actuar sin necesidad de una denuncia formal, se recomienda que los titulares de derechos presenten una denuncia. Esto permite a las autoridades reunir las pruebas necesarias, aumentando las posibilidades de una acusación exitosa.
Una vez presentada la denuncia penal e iniciados los procedimientos, el titular de la marca puede optar por participar en el proceso como acusación particular (lo que le permite acceder a pruebas, aportar las suyas propias y recurrir decisiones) o dejar la acusación en manos del Ministerio Fiscal, lo que limita su participación y control sobre el caso.
La responsabilidad de los propietarios dependerá del grado de participación y/o conocimiento de la infracción que se comete en sus propiedades.
En primera instancia, según el Código Penal español, los propietarios no tienen responsabilidad. Sin embargo, si se demuestra que eran conscientes de estas actividades, podrían ser considerados inductores, cooperadores necesarios, cómplices o encubridores.
Dado que su conocimiento de la infracción podría hacerlos responsables, es recomendable notificarles cualquier actividad ilegal en sus propiedades e invocar la responsabilidad en estos casos, como lo reconoce la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de julio de 2016, Delta Centre (C-494/15).
ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marca) es la principal asociación española de titulares de derechos de propiedad intelectual. Fundada en 1989, su principal función es representar a las empresas ante las instituciones para defender sus derechos de marca contra las infracciones. Actualmente cuenta con 100 marcas miembros de diferentes sectores y nacionalidades.
Alberto Gallo, Asociado del área Legal, Antipiratería.
España se posiciona como uno de los países europeos con menor consumo de contenidos ilícitos a través de internet, ocupando el quinto lugar entre los países con menos accesos a este tipo de material. Según el último informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sobre la piratería online, los usuarios españoles acceden a contenidos ilegales 8,5 veces al mes, una cifra significativamente inferior a la media europea, situada en 10,3 accesos.

Elaboración propia basada en el informe oficial de la EUIPO
El estudio, que analiza los hábitos de consumo de internet de usuarios de entre 15 y 74 años, destaca los siguientes puntos clave:
La piratería general aumentó hasta finales de 2021 y desde entonces se ha estancado, situándose en un promedio de 10.3 accesos ilegales por usuario al mes. Si bien el acceso ilegal a contenidos televisivos muestra un ligero aumento, la disminución en el consumo de otros tipos de contenidos, como las películas, ha equilibrado la balanza.
Este fenómeno se atribuye principalmente a factores como:
La televisión lidera el consumo ilegal, representando el 50% del total de accesos ilícitos, es decir, 5.1 visitas mensuales a sitios piratas por usuario.
El informe, además, destaca que el contenido televisivo sigue captando interés porque:
El streaming sigue siendo el medio predominante para consumir contenido ilegal. Las plataformas de IPTV piratas ya no es que permitan un acceso inmediato y sin descargas, ahora también imitan a servicios legales en su interfaz y experiencia de usuario, lo que las hace más atractivas, aumentando un 10% las visitas a estos sitios en el último año.
El informe muestra un panorama alentador, con signos de estabilización e incluso reducción en ciertas categorías de consumo ilegal. Un reflejo del avance hacia un mayor uso de servicios legales.
Sin embargo, el camino hacia la eliminación total de la piratería requiere un cambio cultural profundo. Es fundamental que los usuarios comprendan el impacto de la piratería y adopten hábitos que valoren y respeten el trabajo de los creadores. De ahí la importancia de las iniciativas educativas, junto con el fortalecimiento de alternativas legales atractivas y accesibles para luchar contra esta situación.
Alberto Gallo, Asociado del área Legal, Antipiratería.
La falsificación de productos es una problemática que afecta a diversos sectores, pero cuando se trata de juguetes, las implicaciones son aún más graves. Estos artículos están destinados a los más pequeños, y cualquier defecto o incumplimiento de los estándares de calidad puede tener consecuencias devastadoras.
Entre los juguetes más falsificados, podemos encontrar desde muñecas, juguetes tipo sorpresa o bloques de construcción hasta personajes de videojuegos o de series y películas de animación.
Los juguetes falsificados a menudo no cumplen con las normativas de seguridad establecidas por las autoridades competentes. El artículo 116.1 del Código Penal establece que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios. En el caso de los juguetes falsificados, los daños pueden ser considerables. Los materiales utilizados en estos productos pueden contener sustancias tóxicas, como plomo o ftalatos, que son extremadamente perjudiciales para la salud de los niños. Además, las piezas pequeñas pueden desprenderse fácilmente, causando asfixia.
Entre las técnicas más comunes utilizadas por los falsificadores para introducir mercancías en el país se encuentra la falsificación de etiquetas. Desde hace casi dos décadas, existe un grave problema con los productos que llevan el sello CHINA EXPORT, el cual es casi idéntico al marcado CE (Conformidad Europea). Los productos con el sello de China Export no cumplen con los estándares de calidad requeridos por la Unión Europea, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

Marcado CE (Conformidad Europea) vs sello China Export
Otra forma de actuar de los falsificadores es enviar los productos falsificados en paquetes pequeños, lo que hace que sea prácticamente imposible para las aduanas españolas detener todos y cada uno de esos paquetes para ser examinados.
Los fabricantes de juguetes disponen de varias herramientas para protegerse ante las falsificaciones. No solo tienen la opción de registrar la marca del juguete en cuestión, sino que pueden optar por registrar el juguete como marca tridimensional. Para poder registrar un juguete como marca tridimensional, la forma del juguete debe tener al menos una característica que no sea inherente a la función genérica impuesta por la naturaleza del producto.
Sobre este asunto, hay varias sentencias, como la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de septiembre de 2014, HAUCK, C-205/13, y la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de diciembre de 2023, BB SERVICES GMBH, T-297/22. Además, los juguetes pueden protegerse tanto por derechos de autor, por diseño industrial e, incluso, por patentes.
Un comprador solo podría tomar acciones legales en el caso de adquirir un producto falsificado con el convencimiento de estar comprando un producto original, ya que podría ser considerado víctima de un delito de estafa. En estos casos, el consumidor podría denunciar al vendedor por un delito de estafa del art. 248 CP.
En definitiva, la lucha contra la falsificación de juguetes es una batalla en la que deben involucrarse todos los actores: desde los fabricantes y las autoridades hasta los consumidores. La concienciación sobre los riesgos y la adopción de medidas preventivas de protección pueden ayudar a mitigar esta amenaza.
Alberto Gallo, Asociado Área Legal, Antipiratería
El mercado del vino, al igual que otros productos con denominación de origen o indicación geográfica protegida, enfrenta una creciente amenaza: la falsificación. Este problema se está volviendo cada vez más habitual en el sector vinícola dada la alta demanda y el precio considerable que algunos vinos pueden llegar a alcanzar. Además, la relativa facilidad con la que se puede reproducir y falsificar un vino hace que sea un objeto atractivo para los delincuentes.
Tal es la magnitud de este fenómeno, que recientemente un operativo en Francia, Italia y Suiza desmanteló una red de falsificaciones de vinos franceses de renombre, que se vendían por hasta 16.000 euros a través de comerciantes legítimos que, en muchos de los casos, desconocían el origen fraudulento de las botellas. Este caso ilustra la sofisticación y el alcance que las falsificaciones en el sector vinícola pueden llegar a acarrear, impactando no solo económicamente, sino también en la confianza de los consumidores.
Una de las principales amenazas para la economía del sector del vino son las falsificaciones. Según un estudio de la EUIPO, las pérdidas asociadas a las falsificaciones de este producto ascienden a 1.300 millones de euros, afectando tanto a grandes bodegas como a pequeños productores.
Esta ilegalidad no solo reduce los ingresos, sino que también implica la desaparición de 4.800 puestos de trabajo en la industria y desvaloriza el esfuerzo de los productores legítimos, quienes trabajan para ofrecer vinos de alta calidad en un mercado cada vez más saturado.
Las falsificaciones de vino no solo afectan la economía del sector vinícola, sino que representan un grave peligro para la salud de los consumidores. Debido a la falta de controles de calidad y sanitarios, muchas de estas botellas contienen aditivos, colorantes y, en algunos casos, incluso sustancias altamente peligrosas como metanol, colorantes tóxicos y otros aditivos no regulados, que pueden causar intoxicaciones, daños irreparables al sistema nervioso e incluso la muerte.
Además, es habitual que las fábricas de falsificaciones se encuentren en condiciones insalubres, lo que pone en riesgo la salud del consumidor y produce otros graves perjuicios como daños al medio ambiente, pérdidas de empleo o evasión de impuestos.
Este problema se debe combatir con la colaboración de varios actores: bodegas, fuerzas de seguridad y organismos reguladores. Las bodegas, por ejemplo, pueden proporcionar información valiosa a las autoridades sobre las rutas de distribución ilegales, canales de comercio ilícito y métodos de detección. Asimismo, es crucial reforzar los controles de las fronteras, especialmente en lo que respecta a las importaciones fuera de la Unión Europea.
La prevención es un pilar fundamental en la lucha contra las falsificaciones. Los consumidores deben ser conscientes de los riesgos y disponer de la información necesaria para tomar decisiones adecuadas el adquirir vinos. Algunas recomendaciones útiles para elegir productos legítimos son:
Por parte de las bodegas y productores también se pueden tomar medidas preventivas, como la implementación de tecnologías de trazabilidad, códigos QR y etiquetas de seguridad que permitan verificar la autenticidad de sus productos.
En definitiva, las falsificaciones en el sector del vino son un problema que requiere una respuesta coordinada. Los consumidores deben actuar con cautela, mientras que, as bodegas y las autoridades tienen la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de control y medidas de seguridad para prevenir la entrada de falsificaciones al mercado.
Tránsito Ruiz, Asociada del Área de Antipiratería de Elzaburu
Como parte de esta serie, nos centramos ahora en España, profundizando en las complejidades de los retos de la protección de marcas y las soluciones óptimas en las fronteras y puntos de entrada del país.
Juan José Caselles, Jefe del Departamento de Antipiratería de Elzaburu, comparte sus ideas para fomentar una colaboración eficaz con los funcionarios de aduanas en los puntos fronterizos y puertos españoles. A continuación, ofrece una guía completa para controlar y aplicar con éxito las medidas contra las falsificaciones y los productos del mercado gris en el mercado.
¿Pueden los titulares de derechos registrar en las aduanas información sobre marcas y propiedad intelectual y, en caso afirmativo, cómo?
En España, como en toda la UE, se aplica el Reglamento (UE) 608/2013 sobre medidas aduaneras de protección de los derechos de PI. La solicitud de intervención aduanera (AFA) se presenta ante el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, la Agencia Tributaria, siguiendo el modelo contenido en el citado Reglamento de la UE. Puede presentarse en línea mediante firma electrónica. En dicha solicitud, se puede seleccionar todos o sólo algunos de los países de la UE en los que se solicita protección aduanera y designar representantes en cada país a efectos de notificación. Actualmente no se exigen tasas administrativas. El solicitante de la intervención aduanera en el Estado inicial puede introducir cualquier cambio en la solicitud, actualizando la información.
Además de los registros de marcas, ¿se pueden registrar en las aduanas los registros de derechos de autor?
La última modificación del Reglamento (UE) 608/2013 incluye la protección de todos los derechos de PI, incluyendo marcas, derechos de autor, patentes, diseños, indicaciones geográficas, variedades vegetales. La única diferencia entre todos estos derechos de PI es la distinta forma de acreditar su existencia o registro, siendo válido cualquier medio fehaciente de acreditar el derecho invocado. Además, el derecho invocado debe tener alcance comunitario. Si se trata de un derecho de alcance únicamente nacional, deberá solicitarse el AFA con alcance a los Estados en los que sea válido.
¿Pueden los titulares de marcas enviar a los funcionarios de aduanas una guía de información sobre el producto o cualquier otro material adicional que les ayude a identificar los productos auténticos?
Cuanta más información se facilite a las autoridades aduaneras, más eficaz será la vigilancia. La información requerida en el formulario de solicitud incluye: datos específicos y técnicos sobre los productos auténticos, incluidos elementos de marcado como códigos de barras e imágenes cuando proceda; la información necesaria para que las autoridades aduaneras puedan identificar fácilmente los productos en cuestión; información pertinente para el análisis y la evaluación por parte de las autoridades aduaneras del riesgo de infracción del derecho o de los derechos de PI de que se trate, como los distribuidores autorizados. Al menos en España, el AFA y toda la información facilitada deben estar en formato digital. De este modo, todos los funcionarios de aduanas tienen acceso a la misma información y pueden comunicarse con las autoridades de los demás países de la UE.
¿Cuál es el proceso habitual de incautación o investigación adicional en caso de que los funcionarios de aduanas identifiquen productos potencialmente falsificados?
Los funcionarios de aduanas analizan la documentación del envío y evalúan los riesgos desde diferentes perspectivas, como el país de origen, la ruta seguida, el valor declarado de los productos y el importador. Si necesitan más información, la solicitan al declarante del envío. Cuando los funcionarios de aduanas detectan un envío sospechoso, lo retienen.
¿Cómo se contacta normalmente con los titulares de marcas cuando se identifiquen productos sospechosos o falsificados?
En el momento en que se retiene oficialmente el envío, se notifica al titular de las medidas de protección aduanera y se le concede un plazo de 10 días para inspeccionar los productos. Estas acciones pueden consistir en solicitar la destrucción de estos productos falsificados y, en caso de que el importador se ponga a la destrucción, emprender acciones civiles o penales en el mismo plazo de 10 días. Si estas acciones no se realizan dentro del plazo, el envío será liberado.
¿Existen factores sensibles al tiempo que los titulares de marcas deban tener en cuenta en relación con la protección de los derechos de PI en aduanas?
Todas las acciones deben llevarse a cabo en el plazo de 10 días antes mencionado. Aunque se puede solicitar una prórroga, su concesión no está regulada, por lo que quedará a discreción de cada aduana. Al tratarse de un plazo corto, obliga a los titulares de derechos de PI a actuar lo más rápidamente posible en caso de retención.
¿Cuáles son los costes potenciales de trabajar con funcionarios de aduanas para proteger la propiedad intelectual de una marca?
El titular de la intervención aduanera debe correr con los gastos derivados de la retención, como los gastos de almacenamiento y destrucción de los productos retenidos. Además, también con traducciones a algunas lenguas de la UE. Actualmente no hay que pagar tasas a la administración aduanera. Esta ausencia de tasas fue una práctica seguida por las aduanas españolas que acabó extendiéndose al resto de la UE. Es fundamental proceder a la destrucción lo antes posible para ahorrar costes de almacenamiento.
¿Puede dar ejemplos de colaboraciones fructíferas entre empresas internacionales y autoridades aduaneras que hayan dado resultados tangibles?
Cabe destacar EMPACT Operation Fake Star, así como otras operaciones internacionales conjuntas de EMPACT. Para ello, el sector privado utilizó las funcionalidades de alertas y casos interesantes de IPEP para compartir información de interés con las distintas autoridades competentes, mientras que las autoridades podían solicitar datos al sector privado mediante el envío de “casos sospechosos”.
Por otra parte, la Comisión Europea acaba de publicar los resultados de las retenciones aduaneras en la UE para 2022. Tanto por el número de artículos incautados como por el valor estimado, los seis primeros Estados miembros representaron casi el 97% del total de incautaciones en el mercado interior en 2022. Italia encabeza el ranking con más del 63% del número total de artículos retenidos y casi el 55% del valor total estimado. España, Francia, los Países Bajos y Hungría también se sitúan entre los seis primeros puestos tanto en número de artículos como en valor estimado de las incautaciones, mientras que Bulgaria y Grecia completan el ranking en cuanto a número de artículos incautados y valor estimado, respectivamente.
¿Qué estrategias proactivas pueden emplear los titulares de marcas para mejorar su colaboración con los funcionarios de aduanas?
La estrecha colaboración entre las aduanas y los titulares de derechos, así como la calidad de la información facilitada por los titulares de derechos en sus comunicaciones, son de suma importancia para la evaluación de riesgos en el ámbito de la protección de derechos de PI.
El primer paso es de solicitar la protección aduanera en la UE designando a un representante de cada país con amplia experiencia en estos asuntos y que mantenga excelentes relaciones con las autoridades. Además, hay que mantener al día la información facilitada a las aduanas. Si disponemos de información, lo más detallada posible, sobre la próxima llegada de un envío sospechoso a España u otro país de la UE, recomendamos hacer uso del mecanismo de “alerta roja” para que el envío sea inspeccionado físicamente a su llegada. Otra medida muy útil es impartir sesiones de formación a los funcionarios de aduanas sobre cómo identificar las infracciones de los derechos de las empresas titulares de PI. Por último, dado que el objetivo último es encontrar el lugar de fabricación de los productos falsificados, la información aduanera obtenida debe tratarse con inteligencia, cotejando datos y haciendo averiguaciones en el país de origen.
Juan José Caselles, Socio Asociado en ELZABURU
Originalmente publicado en WTR el 08 de diciembre de 2023.