El comercio ilícito de productos falsificados se ha transformado en un entramado global, tecnificado y con capacidad para adaptarse con rapidez a los cambios del mercado y del consumo. El informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) confirma esta evolución con datos que reflejan una amenaza creciente para la innovación, la seguridad del consumidor y la actividad económica en su conjunto.
Según el último análisis de la EUIPO, en 2024 se incautaron más de 112 millones de artículos falsificados, cuyo valor estimado supera los 3.800 millones de euros, el registro más elevado hasta la fecha. Aunque la cantidad total de productos intervenidos descendió un 26 %, el valor económico de las mercancías aumentó un 11 %, lo que indica un desplazamiento hacia falsificaciones de mayor complejidad y valor.
Este cambio de patrón se explica por la creciente orientación de las redes criminales hacia productos de precio medio-alto y en los que el consumidor confía (como software, cosmética, relojería o dispositivos electrónicos). Priorizando los segmentos más rentables y abandonando la lógica tradicional del mercado masivo.
Uno de los datos más llamativos del informe es el liderazgo de los CDs y DVDs grabados (incluido software, videojuegos y aplicaciones) como la categoría más intervenida en el mercado interior, concentrando el 40 % de las aprehensiones. Este repunte no obedece a una recuperación del soporte físico por nostalgia, sino a la demanda generada por el retro gaming y por usuarios que prefieren instalaciones offline para software profesional.
El riesgo asociado es notable: muchas de estas copias contienen malware, accesos remotos no autorizados o vulnerabilidades críticas, que pueden comprometer la ciberseguridad de los usuarios y de las empresas. En un entorno donde los delitos informáticos crecen exponencialmente, instalar software pirateado supone una puerta abierta a ataques dirigidos o robo de datos.
Tras el software falsificado, destacan los juguetes (19 %), la ropa y accesorios (12 %), los cigarrillos y vapeadores (4 %) y los perfumes y cosméticos (3 %), categorías que presentan un riesgo evidente para la salud de los consumidores.
Los productos de perfumería, cosmética o tabaco falsificados evitan cualquier control sanitario y pueden contener sustancias nocivas, mientras que los juguetes o cargadores defectuosos pueden generar daños físicos.
De este modo, estos productos no solo vulneran derechos de propiedad intelectual, sino que ponen en peligro directo a los consumidores, quienes a menudo desconocen el origen ilícito de los artículos adquiridos.
La mayor parte de las falsificaciones incautadas en la UE procede de China (44 %), seguida de Turquía (22 %). Por primera vez, los Emiratos Árabes Unidos (6 %) aparecen como un punto destacado en el flujo comercial ilícito, consolidándose como nodo logístico emergente.
En cuanto a modos de envío, el transporte marítimo continúa siendo predominante, pero el principal reto operativo se encuentra en los envíos postales y mensajería exprés, impulsados por el auge del comercio electrónico y la circulación de millones de pequeños paquetes difíciles de controlar individualmente.
España mantiene un papel central en la intervención de productos ilícitos, con cerca de tres millones de artículos incautados adicionales respecto a 2023, valorados en 576 millones de euros. Su posición geográfica y la actividad de puertos y centros logísticos explican tanto la magnitud del flujo como la eficacia de las actuaciones nacionales.
El informe subraya la mejora en la cooperación administrativa y policial, así como el uso cada vez más avanzado de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial para análisis predictivos.
En esta línea, el Portal de Observancia (IPEP) gestionó más de 6.500 alertas en 2024 y facilitó actuaciones conjuntas con Europol a través de operaciones como Fake Star II, Shield u Opson. Logrando que más del 81 % de los procedimientos culminara con la destrucción de los productos intervenidos.
Así pues, el informe señala la necesidad de una cooperación real, no solo formal, lo que implica compartir información técnica (entre empresas, aduanas y cuerpos policiales), reforzar la capacitación operativa y acelerar los procedimientos de decomiso para seguir el ritmo de redes criminales altamente tecnificadas.
La lucha contra la falsificación no puede limitarse a aduanas y tribunales. La sensibilización social es fundamental para reducir la demanda. Educar al consumidor sobre los impactos económicos y éticos, así como sobre los riesgos personales para la salud y la seguridad, constituye una línea de defensa esencial, especialmente entre los más jóvenes y en entornos educativos.
En Elzaburu seguimos de cerca la evolución del mercado ilícito y sus implicaciones para los derechos de propiedad industrial. Nuestro equipo analiza de forma continua los cambios normativos, tecnológicos y operativos para ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento riguroso, actualizado y adaptado a los desafíos reales de la antipiratería y la protección de activos intangibles.
Alberto Gallo, abogado asociado experto en antipiratería de Elzaburu.
Uno de cada diez medicamentos que circulan en los países desarrollados es falso o no cumple con los estándares de calidad requeridos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta alarmante cifra no solo representa un grave riesgo para la salud pública, sino también un perjuicio económico para la industria farmacéutica y un freno al desarrollo científico y médico global.
Los medicamentos falsificados representan un riesgo grave para la salud, ya que pueden contener ingredientes erróneos, dosis incorrectas, estar caducados o incluir sustancias peligrosas. Su consumo pone en peligro la vida de los pacientes, especialmente en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer, el VIH/SIDA, la tuberculosis o la malaria. En estos casos, el uso de productos falsificados no solo es ineficaz, sino que puede empeorar la condición del paciente, favorecer el desarrollo de resistencias a los tratamientos y empeorar la efectividad de las políticas de salud pública.
Las consecuencias del uso de medicamentos falsificados son especialmente peligrosas cuando estos incluyen antibióticos de baja calidad o en dosis insuficientes. En lugar de eliminar la infección, estos productos permiten que algunas bacterias sobrevivan y se fortalezcan, favoreciendo la aparición de cepas resistentes.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de la industria para frenar esta amenaza, la falsificación de medicamentos continúa en aumento. En los últimos cinco años, el suministro de estos productos ilícitos se ha incrementado en un 35 %, impulsado principalmente por el auge del comercio electrónico. Las plataformas digitales permiten a los falsificadores llegar a un público mucho más amplio, amparándose en el anonimato que ofrece internet y dificultando considerablemente su localización y persecución.
La situación ha alcanzado tal gravedad que las fuerzas de seguridad han intensificado sus operaciones contra el tráfico ilegal de medicamentos. La más reciente, la Operación Shield V, coordinada por Europol entre abril y noviembre de 2024, ha contado con la participación de 30 países. Esta operación ha permitido la detención de 418 personas y la incautación de medicamentos falsificados valorados en más de 11,1 millones de euros. Cifras que evidencian la magnitud del problema y su relación directa con redes de delincuencia organizada.
Con el objetivo de combatir esta amenaza, los países europeos han implementado sistemas de trazabilidad y verificación en la cadena legal del medicamento. En España, destaca el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM), una herramienta clave para garantizar la autenticidad de cada envase que se dispensa en farmacias.
El SEVeM asigna a cada medicamento un identificador único, similar a un código QR, que se verifica en el momento de la dispensación. Gracias a este sistema, se puede detectar si un producto ha sido manipulado o si no pertenece a la cadena de suministro autorizada. A día de hoy, más de 22.000 farmacias, 216 hospitales privados, 340 distribuidores y 543 laboratorios están conectados a esta red.
Además, en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2016/161, desde el 30 de septiembre de 2024 está prohibida la dispensación de medicamentos que generen alertas en el sistema y que no puedan descartarse como sospechosos de falsificación. Esta normativa refuerza la seguridad del paciente y obliga a todos los agentes de la cadena farmacéutica a actuar con la máxima diligencia.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha establecido procedimientos específicos para el aviso de sospechas de medicamentos falsificados, accesibles a laboratorios, distribuidores y farmacias. Estas notificaciones se actualizan de forma continua y constituyen un recurso valioso para identificar patrones y prevenir nuevas amenazas.
La lucha contra la piratería requiere de una coordinación eficaz entre las instituciones públicas, los operadores del sector farmacéutico y los ciudadanos. La información, la formación y la concienciación social son fundamentales para reducir la demanda de estos productos y favorecer la compra segura a través de canales oficiales.
El daño que provoca la falsificación de medicamentos no se limita a la salud pública. Las pérdidas económicas para los laboratorios son significativas, ya que estos productos ilegales compiten directamente con los originales, perjudican la reputación de las marcas y reducen el retorno de la inversión en innovación.
Además, desincentivan la investigación científica. Desarrollar un nuevo medicamento requiere años de trabajo y enormes recursos financieros. La entrada de productos falsificados en el mercado socava ese esfuerzo, restando atractivo a la inversión en ciencia y tecnología. Sin una inversión sostenida en I+D, el progreso médico se estanca y millones de personas podrían quedarse sin acceso a tratamientos eficaces y seguros.
El impacto también alcanza a los sistemas públicos de salud, que deben hacer frente a las consecuencias del uso de medicamentos ineficaces: tratamientos repetidos, efectos adversos, hospitalizaciones innecesarias y campañas de detección o retirada de productos del mercado.
Para protegerse frente a los riesgos asociados a los medicamentos falsificados, es recomendable seguir estas pautas:
La piratería de medicamentos constituye un problema de salud pública de alcance global. Afecta a los pacientes, daña la economía, compromete la innovación y fortalece redes delictivas organizadas. Fortalecer la vigilancia, promover la educación de la ciudadanía y fomentar la compra de medicamentos por vías oficiales son pasos imprescindibles para combatir esta amenaza.
Desde Elzaburu, continuamos apoyando la protección de los derechos de propiedad industrial y colaborando con las autoridades y las empresas para garantizar la seguridad del consumidor y la integridad del mercado.
Alberto Gallo. Asociado del Área de Antipiratería de Elzaburu
Según un informe reciente, las empresas españolas de sectores como la moda, los cosméticos y los productos farmacéuticos están perdiendo «más del 10% de su facturación debido a la falsificación«. El problema está ampliamente documentado. Por ejemplo, en un informe del New York Times sobre vendedores callejeros de productos falsificados en Barcelona, el medio expuso los importantes desafíos que enfrenta la policía para detener estas actividades en España. Como resultado, los vendedores de productos falsos son comunes en diversas zonas del país, especialmente en aquellas con alta afluencia de turistas.
A continuación, compartimos la manera más efectiva para que las marcas combatan la venta de productos falsificados en España, además de señalar algunos de los mercados que deben estar en el radar de los titulares de derechos.
Hacer valer los derechos de propiedad intelectual contra la falsificación en España implica comprender el marco legal del país, el cual está alineado con las regulaciones de la Unión Europea y acuerdos internacionales. Los titulares de derechos que buscan actuar contra productos falsificados en mercados físicos deben conocer tanto el marco legal como los pasos prácticos a seguir.
Los casos de falsificación de marcas se procesan principalmente por la vía penal, aunque los titulares también pueden presentar acciones civiles, ya sea de manera independiente o junto con el proceso penal.
Según el artículo 274 del Código Penal, la falsificación de marcas conlleva penas de prisión de seis meses a cuatro años, con la posibilidad de hasta seis años en los casos más graves. Las multas varían según la gravedad del delito. Aunque la falsificación está clasificada como un delito público, lo que permite a las autoridades actuar sin necesidad de una denuncia formal, se recomienda que los titulares de derechos presenten una denuncia. Esto permite a las autoridades reunir las pruebas necesarias, aumentando las posibilidades de una acusación exitosa.
Una vez presentada la denuncia penal e iniciados los procedimientos, el titular de la marca puede optar por participar en el proceso como acusación particular (lo que le permite acceder a pruebas, aportar las suyas propias y recurrir decisiones) o dejar la acusación en manos del Ministerio Fiscal, lo que limita su participación y control sobre el caso.
La responsabilidad de los propietarios dependerá del grado de participación y/o conocimiento de la infracción que se comete en sus propiedades.
En primera instancia, según el Código Penal español, los propietarios no tienen responsabilidad. Sin embargo, si se demuestra que eran conscientes de estas actividades, podrían ser considerados inductores, cooperadores necesarios, cómplices o encubridores.
Dado que su conocimiento de la infracción podría hacerlos responsables, es recomendable notificarles cualquier actividad ilegal en sus propiedades e invocar la responsabilidad en estos casos, como lo reconoce la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de julio de 2016, Delta Centre (C-494/15).
ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marca) es la principal asociación española de titulares de derechos de propiedad intelectual. Fundada en 1989, su principal función es representar a las empresas ante las instituciones para defender sus derechos de marca contra las infracciones. Actualmente cuenta con 100 marcas miembros de diferentes sectores y nacionalidades.
Alberto Gallo, Asociado del área Legal, Antipiratería.
España se posiciona como uno de los países europeos con menor consumo de contenidos ilícitos a través de internet, ocupando el quinto lugar entre los países con menos accesos a este tipo de material. Según el último informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sobre la piratería online, los usuarios españoles acceden a contenidos ilegales 8,5 veces al mes, una cifra significativamente inferior a la media europea, situada en 10,3 accesos.

Elaboración propia basada en el informe oficial de la EUIPO
El estudio, que analiza los hábitos de consumo de internet de usuarios de entre 15 y 74 años, destaca los siguientes puntos clave:
La piratería general aumentó hasta finales de 2021 y desde entonces se ha estancado, situándose en un promedio de 10.3 accesos ilegales por usuario al mes. Si bien el acceso ilegal a contenidos televisivos muestra un ligero aumento, la disminución en el consumo de otros tipos de contenidos, como las películas, ha equilibrado la balanza.
Este fenómeno se atribuye principalmente a factores como:
La televisión lidera el consumo ilegal, representando el 50% del total de accesos ilícitos, es decir, 5.1 visitas mensuales a sitios piratas por usuario.
El informe, además, destaca que el contenido televisivo sigue captando interés porque:
El streaming sigue siendo el medio predominante para consumir contenido ilegal. Las plataformas de IPTV piratas ya no es que permitan un acceso inmediato y sin descargas, ahora también imitan a servicios legales en su interfaz y experiencia de usuario, lo que las hace más atractivas, aumentando un 10% las visitas a estos sitios en el último año.
El informe muestra un panorama alentador, con signos de estabilización e incluso reducción en ciertas categorías de consumo ilegal. Un reflejo del avance hacia un mayor uso de servicios legales.
Sin embargo, el camino hacia la eliminación total de la piratería requiere un cambio cultural profundo. Es fundamental que los usuarios comprendan el impacto de la piratería y adopten hábitos que valoren y respeten el trabajo de los creadores. De ahí la importancia de las iniciativas educativas, junto con el fortalecimiento de alternativas legales atractivas y accesibles para luchar contra esta situación.
Alberto Gallo, Asociado del área Legal, Antipiratería.
La falsificación de productos es una problemática que afecta a diversos sectores, pero cuando se trata de juguetes, las implicaciones son aún más graves. Estos artículos están destinados a los más pequeños, y cualquier defecto o incumplimiento de los estándares de calidad puede tener consecuencias devastadoras.
Entre los juguetes más falsificados, podemos encontrar desde muñecas, juguetes tipo sorpresa o bloques de construcción hasta personajes de videojuegos o de series y películas de animación.
Los juguetes falsificados a menudo no cumplen con las normativas de seguridad establecidas por las autoridades competentes. El artículo 116.1 del Código Penal establece que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios. En el caso de los juguetes falsificados, los daños pueden ser considerables. Los materiales utilizados en estos productos pueden contener sustancias tóxicas, como plomo o ftalatos, que son extremadamente perjudiciales para la salud de los niños. Además, las piezas pequeñas pueden desprenderse fácilmente, causando asfixia.
Entre las técnicas más comunes utilizadas por los falsificadores para introducir mercancías en el país se encuentra la falsificación de etiquetas. Desde hace casi dos décadas, existe un grave problema con los productos que llevan el sello CHINA EXPORT, el cual es casi idéntico al marcado CE (Conformidad Europea). Los productos con el sello de China Export no cumplen con los estándares de calidad requeridos por la Unión Europea, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

Marcado CE (Conformidad Europea) vs sello China Export
Otra forma de actuar de los falsificadores es enviar los productos falsificados en paquetes pequeños, lo que hace que sea prácticamente imposible para las aduanas españolas detener todos y cada uno de esos paquetes para ser examinados.
Los fabricantes de juguetes disponen de varias herramientas para protegerse ante las falsificaciones. No solo tienen la opción de registrar la marca del juguete en cuestión, sino que pueden optar por registrar el juguete como marca tridimensional. Para poder registrar un juguete como marca tridimensional, la forma del juguete debe tener al menos una característica que no sea inherente a la función genérica impuesta por la naturaleza del producto.
Sobre este asunto, hay varias sentencias, como la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de septiembre de 2014, HAUCK, C-205/13, y la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de diciembre de 2023, BB SERVICES GMBH, T-297/22. Además, los juguetes pueden protegerse tanto por derechos de autor, por diseño industrial e, incluso, por patentes.
Un comprador solo podría tomar acciones legales en el caso de adquirir un producto falsificado con el convencimiento de estar comprando un producto original, ya que podría ser considerado víctima de un delito de estafa. En estos casos, el consumidor podría denunciar al vendedor por un delito de estafa del art. 248 CP.
En definitiva, la lucha contra la falsificación de juguetes es una batalla en la que deben involucrarse todos los actores: desde los fabricantes y las autoridades hasta los consumidores. La concienciación sobre los riesgos y la adopción de medidas preventivas de protección pueden ayudar a mitigar esta amenaza.
Alberto Gallo, Asociado Área Legal, Antipiratería